Cosas de las que la izquierda latinoamericana deberá hacerse cargo (2)

 

Un argentino venezolano, víctima de casi todos los Crímenes de Estado

 Por Jesús Noel Hermoso F.

El preso político Roberto Baldo no es conocido. Sin embargo, representa el vuelco que Nicolás Maduro dio a la arquitectura de la represión política en Venezuela a partir de su derrota en julio de 2024. Tras robarse los resultados de las elecciones del 28 de julio, la persecución selectiva contra liderazgos de alto nivel viró hacia una ofensiva represiva capilar y masiva dirigida a las estructuras de base de la sociedad civil organizada y los sectores populares.

Su caso, condensa las múltiples dimensiones del aparato represivo estatal: la criminalización de las redes de movilización electoral conocidas como "Comanditos", el uso de la desaparición forzada de corta duración, la detención de parejas y familiares como mecanismo de presión psicológica y la judicialización por delitos de terrorismo bajo una justicia penal de excepción.

Baldo figura fugazmente en los registros preliminares de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los DDHH como uno de los 1.794 presos políticos que fueron secuestrados hasta el cierre de diciembre de 2024. Baldo simboliza la vulnerabilidad extrema de quienes poseen doble nacionalidad en un contexto de ruptura diplomática y hostilidad supuestamente soberanista.

 

Cronología de una detención arbitraria

Roberto Baldo fue detenido en el estado Carabobo, en la zona metropolitana de Valencia el 29 de noviembre de 2024, tras una serie de allanamientos masivos que afectaron a coordinadores y activistas de la estructura del Comando con Venezuela y los comanditos en todo el país. Pero no fue aprehendido solo. Su esposa también fue secuestrada, sólo por ser su pareja.

Este patrón se ha vuelto recurrente en la actuación de las fuerzas de seguridad para forzar confesiones o neutralizar la denuncia pública de los familiares. En muchos casos documentados los funcionarios irrumpieron en las viviendas sin orden judicial y robaron dispositivos electrónicos y documentos personales antes de trasladar a las parejas a centros de detención preventiva.

Su detención se produce en la llamada "Operación Tun Tun", táctica de intimidación psicológica en la que las fuerzas estatales marcaban las casas de los disidentes o actuaban durante la noche para generar pánico generalizado e inhibición en la sociedad.

Según los reportes, luego de su captura, Baldo y su cónyuge fueron sometidos a un período de desaparición forzada. Sus familiares y abogados no pudieron verificar su paradero ni su integridad física. Este limbo informativo ha sido herramienta deliberada y recurrente para quebrar la resistencia del detenido antes de su presentación ante los tribunales en Caracas.

 

Terrorismo contra la organización ciudadana

Los Comanditos fueron células de organización logística para la campaña presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática. Su organización representó una innovación en la movilización social venezolana y permitió que ciudadanos sin filiación partidista previa se involucraran en la defensa del voto.

Tras la jornada electoral del 28 de julio, el discurso oficial reclasificó a los Comanditos como "grupos terroristas" y "comandos de violencia" destinados a ejecutar un supuesto plan de desestabilización coordinado desde el extranjero, con el objetivo de destruir todo vestigio de organización social que pusiera en peligro su estabilidad.

La persecución contra sus integrantes no fue aleatoria. Siguió un patrón de inteligencia social basado en el monitoreo de redes sociales, la delación comunitaria y el uso de tecnologías de vigilancia. El caso de Roberto Baldo se inscribió en esta lógica de desmantelamiento de la infraestructura civil que permitió la recolección y publicación de las actas de votación del 28J.

De hecho, el encarcelamiento de miles de ciudadanos vinculados a estos comandos sirvió para alimentar la narrativa oficial de una "insurrección fascista", justificando la suspensión de garantías constitucionales, el procesamiento de civiles en tribunales con competencia especial en terrorismo y permitió desarrollar el falso discurso de defensa soberanista que sectores de izquierda en el mundo, rápidamente asimilaron.

Sin embargo, la magnitud del operativo represivo postelectoral que refleja las estadísticas acumuladas al cierre del año 2024, marca un hito en la historia contemporánea de la represión en el continente americano, superando en volumen y celeridad a las crisis previas de 2014 y 2017.

 

Período / Categoría	Estadísticas de Presos Políticos (31/12/2024)
Total General de Presos Políticos	1794
Detenciones Específicas de 2024	2243
Civiles Detenidos	1632
Militares Detenidos	162
Población Masculina	1589
Población Femenina	205
Adolescentes (14-17 años)	176

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados de diversas ONG.

La doble nacionalidad, instrumento de chantaje

La condición de Baldo como ciudadano binacional (venezolano-argentino) introdujo, además, una capa de complejidad diplomática significativa. Durante 2024 el régimen e Maduro endureció su postura frente a los ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad, a menudo utilizándolos como piezas de presión en sus relaciones internacionales.

La detención de un ciudadano argentino en un momento en que las relaciones entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Javier Milei se encontraban en su punto de mayor hostilidad no es una coincidencia, sino un reflejo del uso del sistema de justicia como brazo ejecutor de la política exterior.

Nacionalidad de Detenidos Políticos Binacionales (Top 5)	Total de Personas Detenidas (2024)
Venezolana-Colombiana	12
Venezolana-Española	10
Venezolana-Italiana	4
Venezolana-Argentina (Caso Baldo)	1
Venezolana-Portuguesa	1

Fuente: Reporte Especial sobre Presos Políticos Extranjeros.

Pero Baldo no fue un caso aislado. El caso más emblemático y de mayor utilidad para el régimen venezolano fue el de Nahuel Gallo, un gendarme argentino detenido el 8 de diciembre de 2024 al cruzar desde Colombia. Fue acusado por Maduro de presuntos planes terroristas.

Lamentablemente Baldo no fue tan útil como Gallo, que generó la tensión diplomática suficiente como para producir “legitimación ideológica” sobre la política represiva en Venezuela. Entre el discurso soberanista y el enfrentamiento ideológico a Javier Milei, el caso del Gendarme venía más al caso. Y a pesar de las exigencias de liberación, ambos presos siguen detenidos, sin paradero claro, enfrentando acusaciones graves y reclamos de DDHH por parte de su familia. Pero solo Gallo ha contado con la exposición pública del escenario internacional, incluso en la OEA.

Al cierre de 2025 la lista de los ciudadanos binacionales (venezolanos con una segunda nacionalidad) que figuran en los registros de detención por motivos políticos incluye nombres confirmados por organizaciones de derechos humanos y balances del año.

El total de presos con nacionalidad extranjera o binacional asciende a 86 personas. Y aunque se produjeron excarcelaciones masivas entre el 25 y el 26 de diciembre, los registros finales de organizaciones como Foro Penal o Justicia, Encuentro y Perdón indican que la mayoría de los extranjeros y binacionales de nacionalidades europea y colombiana permanecieron bajo custodia.

De las 99 excarcelaciones anunciadas por el gobierno y que solo se tiene certeza de unas 77, solo se pudo verificar un caso de una persona con doble nacionalidad (venezolana-chilena).

 

Tortura y aislamiento en el sistema penitenciario

Actualmente a información extraoficial y los testimonios de exdetenidos sugieren que Baldo ha sido recluido en instalaciones de máxima seguridad. En su caso, tenemos la confirmación de que se encuentra en Yare I, en condiciones de salud sumamente riesgosas.

En estas instalaciones, los presos políticos vinculados al caso de los Comanditos enfrentan un régimen de aislamiento prolongado que contraviene las Reglas Mandela de las Naciones Unidas. Este patrón incluye la prohibición intermitente de visitas familiares, que busca la desmoralización del individuo, impide la documentación oportuna de signos de tortura física o tratos crueles.

Además, familiares de otros detenidos han denunciado el uso de asfixia, amenazas contra seres queridos y la denegación sistemática de atención médica para condiciones preexistentes, una situación que resulta alarmante dado que muchos de estos prisioneros superan los 40 años de edad. En esta situación mantienen a Baldo.

Pero la salud de los presos políticos en 2025 ha alcanzado niveles críticos. Se han registrado 25 muertes bajo custodia estatal debido a la falta de tratamiento para enfermedades tratables, como es el caso de la hepatitis o las crisis hipertensivas. Para Baldo el riesgo de deterioro físico es inminente. El hacinamiento en cárceles como Yare, Tocorón o El Rodeo, junto a detenidos por delincuencia común, agrava la propagación de enfermedades infectocontagiosas y situaciones de peligro físico y psicológico permanente.

 

El “terrorismo”: la parodia del Debido Proceso

El procesamiento de Roberto Baldo y su esposa se enmarca en una estructura judicial diseñada para la condena automática. La designación de defensores públicos y la prohibición de abogados privados de confianza constituye una violación directa del artículo 49 de la Constitución. Los cargos imputados de manera casi estandarizada a los miembros de los Comanditos incluyen:

·         Terrorismo: Interpretado de forma extensiva para criminalizar la protesta pacífica y la vigilancia electoral.

·         Asociación para Delinquir: Utilizada para vincular a ciudadanos comunes con estructuras partidistas o planes conspirativos de mayor escala.

·         Instigación al Odio: Basada en la Ley contra el Odio, aplicada para castigar mensajes en redes sociales o la simple posesión de material propagandístico electoral.

·         Traición a la Patria: Especialmente relevante en el caso de Baldo por su doble nacionalidad, bajo la premisa de que actúa bajo órdenes de potencias extranjeras.

Este marco legal de excepción ha permitido que las audiencias de presentación se realicen de forma clandestina, a menudo dentro de los mismos centros de detención o en tribunales móviles, impidiendo que la sociedad civil o los organismos internacionales supervisen la legalidad de los actos.

 

Respuesta institucional internacional

Pero la detención de Roberto Baldo no ha generado una respuesta institucional desde el sistema interamericano y universal de DDHH, que sí lo ha hecho en otros casos. La Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) ha emitido múltiples medidas cautelares en favor de ciudadanos en situaciones análogas, alertando sobre el riesgo de daño irreparable a la vida y la integridad personal. Sin embargo, la efectividad de estas medidas se ve obstaculizada por la falta de cooperación del Estado venezolano, que ha denunciado la Carta de la OEA y mantiene una postura de desacato frente a las sentencias de la Corte Interamericana.

La presión diplomática de Argentina pudiera ser factor determinante en el desenlace del caso. En la historia reciente, el intercambio de prisioneros o la expulsión/deportación de ciudadanos extranjeros ha sido una salida política utilizada por el gobierno de Maduro para aliviar tensiones puntuales o como gesto en procesos de negociación.

La gestión de los presos políticos extranjeros varía según el peso de la relación bilateral y la estrategia de la cancillería de origen. El caso de Baldo es sin duda un indicador de la radicalización represiva del régimen de Maduro, que ha dejado de lado las formas diplomáticas tradicionales para adoptar un modelo de "justicia de guerra" contra su propia población y contra ciudadanos extranjeros con los que no comparte afinidad ideológica.

La permanencia de Baldo en prisión y de ciudadanos binacionales, a pesar de las presiones internacionales, sugiere que Venezuela ha entrado en una fase de aislamiento autoritario en el que la soberanía se utiliza como escudo para la impunidad.

La recuperación de la libertad de Roberto Baldo y de los 1.041 presos políticos que comparten su destino, depende de un cambio en la correlación de fuerzas políticas o de un proceso de negociación que incluya garantías internacionales. Mientras tanto, su caso debe permanecer bajo el escrutinio permanente de los organismos de defensa de los DDHH, para evitar que el silencio y la oscuridad de los centros de reclusión se conviertan en una sentencia definitiva.